Bernardini señaló que antes de llegar a este tipo de restricciones existen diferentes herramientas legales que se aplican para intentar obtener el pago de la deuda. Entre ellas mencionó las intimaciones, los embargos y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios, que a su vez puede generar otras consecuencias para la persona incumplidora, como dificultades para renovar la licencia de conducir.
Sin embargo, explicó que existen situaciones en las que esas herramientas tradicionales resultan insuficientes, especialmente cuando el deudor no posee un salario registrado ni bienes a su nombre sobre los cuales pueda hacerse efectivo un embargo.
“Hay veces que estas medidas no alcanzan y estamos en presencia de deudores alimentarios y, del otro lado, está el interés superior de los niños que hay que respetar”, sostuvo Bernardini.
En ese escenario aparecen medidas menos habituales que buscan incidir directamente sobre actividades que tienen particular importancia para el deudor. La jueza explicó que para determinar qué tipo de restricción puede resultar efectiva es fundamental el trabajo de los profesionales que intervienen en cada expediente.
En el caso que tomó estado público recientemente, se trata de un hombre que participa de una liga de fútbol y sobre quien no fue posible avanzar mediante las vías patrimoniales habituales.
“No tenía sueldo, no tenía registrado en blanco ningún sueldo, entonces no pudimos embargar nada. Se intentó embargar algún bien y tampoco estaba a nombre de él”, explicó.
Ante esa situación y a partir del pedido realizado en el expediente, se resolvió avanzar sobre una actividad deportiva que forma parte de la vida habitual del deudor. La medida no solamente contempla impedirle ingresar al club, sino también restringir su inscripción y participación en torneos de fútbol.
“En este caso tengo entendido que este hombre juega en una liga, entonces no solo se prohíbe el ingreso al club, sino también que se anote en los torneos y que pueda jugar”, detalló Bernardini.
La magistrada aclaró que todavía resta conocer cuál será el resultado concreto de la resolución, aunque insistió en que la finalidad es conseguir que el hombre regularice su situación.
“Esperemos que dé resultados porque el fin de esto es que cumpla con la cuota alimentaria”, afirmó.
Bernardini destacó además que este tipo de resoluciones dependen de las circunstancias particulares de cada expediente y de las medidas solicitadas por las partes. En ese sentido, aclaró que no se trata de restricciones que necesariamente sean dispuestas de oficio por el tribunal.
“Depende mucho también de qué me solicitan. Yo esta medida no la puedo dictar de oficio, sino que es a pedido de parte donde me piden medidas y yo sí tengo amplias facultades”, explicó.
La jueza sostuvo que, ante incumplimientos persistentes, la búsqueda de alternativas puede llevar a establecer restricciones relacionadas con actividades recreativas o sociales de la persona deudora, intentando encontrar una medida que resulte verdaderamente efectiva para lograr el cumplimiento.
De hecho, recordó que ya se adoptaron otras decisiones similares. Entre ellas mencionó restricciones para ingresar a determinados lugares de entretenimiento, como casinos, e incluso a una confitería de El Bolsón.
Según Bernardini, algunas de esas medidas ya produjeron resultados positivos y permitieron avanzar en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La magistrada insistió en que detrás de estas decisiones existe un derecho que debe ser protegido por encima de las incomodidades que pueda ocasionar la restricción al adulto incumplidor.
“Hay que cumplir y respetar el interés superior del niño”, remarcó.
Durante la entrevista, Bernardini también se refirió a otro fenómeno que viene apareciendo en los tribunales y que está relacionado con el complejo escenario socioeconómico: el sobreendeudamiento de trabajadores cuyos ingresos quedan prácticamente absorbidos por préstamos y descuentos.
Como ejemplo mencionó el reciente caso de una empleada pública provincial que promovió un concurso preventivo luego de alcanzar un nivel de endeudamiento que le impedía disponer de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
La jueza explicó que la situación había llegado a un punto en el que los descuentos sobre el salario prácticamente anulaban la capacidad económica de la mujer e incluso el problema había comenzado a repercutir sobre su salud.
“Era una empleada pública que se había sobreendeudado a tal punto que el sueldo no le alcanzaba para subsistir y todo ese sobreendeudamiento le produjo un problema de salud”, indicó.
Frente a ese escenario se avanzó judicialmente con el concurso preventivo y la cesación de pagos, buscando transparentar y ordenar una situación económica que ya resultaba insostenible.
Bernardini explicó que la intervención judicial permitió otorgarle respaldo legal a esa situación y generar un marco que le brindara mayor tranquilidad mientras se aborda el problema financiero.
La magistrada reconoció además que son habituales las situaciones de personas que recurren a préstamos y diferentes mecanismos de financiamiento que posteriormente generan descuentos difíciles de sostener con sus ingresos.
No todos los casos, aclaró, llegan necesariamente a un concurso preventivo. En otras situaciones se solicitan medidas cautelares destinadas a detener determinados descuentos cuando el nivel de endeudamiento compromete seriamente la subsistencia de la persona.
De esta manera, Bernardini describió dos realidades diferentes que actualmente llegan a los tribunales: por un lado, la necesidad de encontrar nuevas herramientas frente a quienes incumplen persistentemente con las cuotas alimentarias y, por otro, el creciente problema de personas cuyos salarios quedan comprometidos por un nivel de endeudamiento que termina poniendo en riesgo su propia economía familiar
